Con relativa frecuencia, quienes utilizan drogas son víctimas de discriminación, acoso y violencia. Además, determinadas leyes y políticas infringen sus derechos más básicos, o crean las condiciones que permiten hacerlo. En muchos países, por ejemplo, el mero consumo de estupefacientes se sanciona con dureza –incluso con la pena de muerte–, y quienes lo practican pueden ver restringido su acceso a los servicios y las prestaciones sociosanitarios. Por desgracia, muchos de estos abusos no se denuncian, bien por falta de conocimiento o recursos, bien por miedo a represalias. Para evitar que este tipo de situaciones se perpetúen y garantizar que estas personas son tratadas con equidad, el Open Society Institute ha editado la presente guía, dirigida a activistas sociales. El manual comienza explicando los fundamentos de la normativa internacional sobre derechos humanos y su aplicabilidad en el ámbito del consumo de estupefacientes. Sobre esa base, facilita pautas y herramientas para identificar y documentar violaciones de los derechos humanos en ese terreno, y así, poder denunciarlas ante organismos oficiales y la propia sociedad. En este sentido, la autora sostiene que abordar la exclusión y la criminalización del consumo de drogas como un asunto de derechos humanos resulta muy positivo, pues, entre otros efectos, visibiliza a unas poblaciones generalmente ocultas y sirve de acicate para lograr leyes y políticas más justas.